LAS TRANSAS DE ALITO EN CAMPECHE

 “ALITO” Y MEDINA PAGARON A “AVIADORES” Y MAESTROS POLÍTICOS

La ASF detecta que la administración de Alejandro Moreno, a través de la Seduc, a cargo de Ricardo Medina -actual dirigente estatal del PRI- pidió a la SEP pagar 7.4 millones de pesos en sueldos a trabajadores con licencia y dados de baja, así como a “aviadores” y maestros con cargos de elección popular en 2018.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 21 de febrero del 2020.- La administración de Alejandro Moreno Cárdenas, a través de la Secretaría de Educación, a cargo del actual dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, desvió siete millones 407 mil 512 pesos para el pago de trabajadores con licencia y dados de baja, así como a “aviadores” y maestros que ocuparon un cargo de elección popular durante 2018.

En una revisión de cumplimiento al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que “en el ejercicio de los recursos, el gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por realizar pagos con recursos del FONE 2018 a trabajadores, los cuales ocuparon un cargo de elección popular durante 2018”.

Con esto, puntualizó, se incumplió la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación y se “generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de siete millones 407.5 mil pesos, que representa el 0.2 por ciento de la muestra auditada”.

El organismo fiscalizador federal manifestó también que “el gobierno del estado de Campeche, y en específico la Secretaria de Educación estatal (Seduc), careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”.

Asimismo, agregó, “el gobierno del estado de Campeche no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tres trimestres del formato Avance Financiero; sin embargo, el formato Ficha de Indicadores del tercer trimestre de 2018 no fue enviado a la SHCP, y tampoco se publicó el correspondiente al tercer y cuarto trimestre en su página de internet”.

La ASF informó que revisó una muestra de cuatro mil 204 millones 774.9 mil pesos, que representó el 98 por ciento de los cuatro mil 289 millones 310.7 mil pesos transferidos al gobierno del estado de Campeche, mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo”.

“Al 31 de diciembre de 2018, el gobierno estatal ejerció un monto de cuatro mil 278 millones 486.5 mil pesos, que representan el 99.8 por ciento de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó cuatro mil 288 millones 497.8 mil pesos, equivalentes al 100 por ciento de los recursos ministrados; asimismo, se reintegraron 814.1 mil pesos a la Tesofe, de los cuales 812.9 mil pesos corresponden a los recursos del fondo y mil 200 pesos a los rendimientos financieros generados”, indicó.

Los pagos ilegales

Específicamente, la Auditoría detectó que la Secretaría de Educación Pública “realizó 283 pagos con recursos del FONE 2018, por cuenta y orden de la Seduc, por un importe de un millón 366.1 mil pesos a 95 trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo, que contaron con 182 plazas, adscritos en 59 centros de trabajo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25, fracción I; 26, 26-A y 49, párrafo primero; de la Ley General de Educación, artículos 13, fracción I y 16, y del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación, numeral 25.3”.

“El gobierno del estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que justificó y aclaró un millón 142 mil pesos, correspondientes a 233 pagos a 70 trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo, que contaron con 138 plazas, adscritos en 49 centros de trabajo; por lo que quedaron 224.1 miles de pesos pendientes de aclarar”, expresó.

Esto causó que se emitiera un Pliego de Observaciones, porque “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 224 mil 84.65 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar 50 pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a 25 trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo, que contaron con 44 plazas, adscritos a 12 centros de trabajo”.

El organismo fiscalizador también halló que “la SEP realizó 144 pagos indebidos con recursos del FONE 2018, por cuenta y orden de la Seduc, por un importe de 418.6 mil pesos a 53 trabajadores después de su fecha de baja, que contaron con 93 plazas, adscritos en 46 centros de trabajo”.

El gobierno estatal, agregó, “en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que justificó y aclaró 292.2 mil pesos, correspondientes a 71 pagos a 32 trabajadores después de su fecha de baja, que contaron con 43 plazas, adscritos en 29 centros de trabajo; por lo que quedaron 126.4 mil pesos pendientes de aclarar”.

Aquí también se emitió un Pliego de Observaciones, en el que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 126 mil 417.30 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar 73 pagos con recursos del FONE a 21 trabajadores después de la fecha de su baja, que contaron con 50 plazas, adscritos a 21 centros de trabajo”.

Asimismo, abundó, la ASF encontró que “la SEP autorizó 910 pagos con recursos del FONE 2018, por cuenta y orden de la Seduc, por un importe de cinco millones 270.6 mil pesos a 30 trabajadores, los cuales ocuparon un cargo de elección popular durante 2018, que contaron con 61 plazas, adscritos a 32 centros de trabajo”.

Se generó un Pliego de Observaciones, en el que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de cinco millones 270 mil 563.87 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar 910 pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a 30 trabajadores, los cuales ocuparon cargos de elección popular durante 2018”.

Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación mencionó que hizo una verificación física de 91 centros de trabajo “ubicados en cuatro municipios del estado de Campeche, con dos mil 978 empleados que ostentaron plazas financiadas con los recursos del FONE 2018”.

“Se constató que 65 trabajadores no fueron identificados por el responsable del centro de trabajo, los cuales percibieron ingresos anuales brutos por dos millones 4.7 mil pesos, y que a 25 trabajadores, que ya no laboraban en estos centros de trabajo durante 2018, se les realizaron pagos por un millón 103.4 mil pesos; además, de 159 trabajadores no se presentó, por parte de los responsables de los centros de trabajo, evidencia de sus labores durante 2018, los cuales recibieron pagos por 17 millones 180.6 mil pesos”, detalló.

“El gobierno del estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que justificó y aclaró 18 millones 502.3 mil pesos, referentes a 58 trabajadores por un millón 797.7 mil pesos que no habían sido identificados por el responsable del centro de trabajo; de nueve trabajadores por 712.9 mil pesos que ya no laboraban en los centros de trabajo durante 2018; y de 136 trabajadores por 15 millones 991.7 miles de pesos de los que no se había presentado evidencia de sus labores durante 2018; por lo que quedaron un millón 786.4 mil pesos pendientes de aclarar”, abundó.

En el Pliego de Observaciones por este caso, “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de un millón 786 mil 446.69 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos con recursos del FONE a siete trabajadores que no fueron identificados por el responsable del centro de trabajo, a 16 trabajadores que no laboraron durante 2018 en los centros de trabajo a los que estaban adscritos y a 23 trabajadores, de los que no se presentó, por parte de los responsables de los centros de trabajo, evidencia de sus labores durante 2018”.